IBAGUÉ. La Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó por 10 años al director de Justicia y Orden Público de Ibagué, Daniel Felipe Soto Mejía, por incurrir en conflicto de intereses al supervisar dos contratos de prestación de servicios de su primo.
La Procuraduría Provincial de Ibagué comprobó que Soto Mejía actuó como supervisor de los contratos 0463 del 19 de enero de 2018 y 2171 del 21 de septiembre de 2018, por más de 17 millones de pesos, para la prestación de servicios de apoyo a la gestión, celebrados entre la Alcaldía de Ibagué y Juan Pablo Carvajal Soto, con quien tiene parentesco en cuarto grado de consanguinidad.
La prueba. Al comparar los registros civiles del disciplinado y el contratista Carvajal Soto, la Procuraduría pudo establecer que “Daniel Felipe Soto Mejía y Juan Pablo Carvajal Soto son parientes en cuarto grado de consanguinidad, ya que el padre del investigado, el señor Gilberto Soto Castaño y la mamá del Señor Juan Pablo Soto Carvajal, Adiela Soto Castaño, son hermanos. Con esta relación de parentesco, el funcionario Soto Mejía se debió declarar impedido, pues existía conflicto de intereses”.
Faltó transparencia. Para la Procuraduría, con su actuar, el director de Justicia y Orden Público de Ibagué desconoció principios de la función administrativa como el de la moralidad, que busca que los funcionarios actúen con “pulcritud y transparencia, con la debida diligencia y cuidado que permitan que los ciudadanos conserven la confianza en el Estado y se apersonen de él”; y el de eficacia, según el cual el Estado y sus agentes deberán poner todos los medios (materiales y humanos) para la consecución del interés general.
